Diego Jiménez.- La Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia, por este orden, tienen los peores servicios sociales, según el Índice de Derechos, Economía y Cobertura (DEC) 2012, redactado por Gustavo A. García Herrero y José M. Ramírez Navarro, que se hizo público hace unos días. El Informe destaca que, si bien los servicios sociales atienden a una población de unos 8 millones de personas, el sistema está estancado, pues diez de las diecisiete Comunidades Autónomas han recortado su presupuesto. Otro aspecto a resaltar es el hecho de las enormes diferencias entre autonomías, pues en 2011 la brecha entre la que más presupuesto destinaba y la que menos estaba en un 545%, mientras que en la actualidad asciende a un 941,78%, entre lo que invierte el País Vasco, 796,13 euros por habitante, y Baleares, 76,42.
Imagen aérea del Centro Ocupacional de Espinardo para personas con discapacidad.
Centrándonos en nuestra Región, el Informe califica de irrelevantes los servicios sociales que se prestan en la Comunidad Autónoma de Murcia (CARM). Tomando como base ese Índice DEC, que refleja tres aspectos, Derechos y Decisión Política (D), Relevancia Económica (E) y Cobertura de Servicios a la Ciudadanía ©, y que puntúa estos parámetros de 0 a 10, la Región de Murcia, con un 3,6, se sitúa por debajo de la media estatal, que está en 4,7 puntos, ocupando el lugar número 14. Si se compara a Murcia con las Comunidades Autónomas mejor situadas, Castilla y León obtiene 6,9 puntos, el País Vasco y La Rioja, 6, 7, y Navarra, 6,55.
En el caso concreto de la Región de Murcia, el estudio evidencia, en materia de Derechos y Decisión Política, la falta de un marco normativo que garantice los derechos ciudadanos, por lo que, en esta apartado la CARM recibe 0,5 puntos sobre 2; en cuanto a Relevancia Económica, el gasto por habitante (230,7 euros) es inferior a la media estatal (280 euros), por lo que se le asigna una puntuación de 1,7 sobre 3. Por último, en los que se refiere a la Cobertura de Servicios a la Ciudadanía, Murcia obtiene 1,4 puntos sobre 5. Analizando este último apartado, los principales déficit de la CARM son: la renta mínima de inserción, que sólo recibe una de cada 754,8 personas, cuando la media estatal es de una cada 147,6; la cobertura de plazas residenciales para personas mayores de 65 años, con sólo 2,3 cada 100 personas, frente a las 4,3 de media estatal, y la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que es del 2,4%, cuando la media estatal se sitúa en el 4,69%.
En cuanto a los centros y servicios que se destinan a las personas con discapacidad, de plena actualidad estos días en que se anuncia el cierre del Centro Ocupacional de Espinardo, el Informe no es menos contundente: en la CARM sólo existe una plaza residencial por cada 153,7 personas con discapacidad, cuando, en el ámbito del Estado, esta media es tres veces superior. Pero, además, el déficit en centros de día y ocupacionales es también constatable, pues existe una plaza por cada 69,5 personas con discapacidad, cuando la media estatal es de 35,2.
Además, cuando se anuncia estos días la reforma de la Administración Local, con la consiguiente pérdida de servicios transferidos a los municipios, el Informe destaca precisamente que la implicación, entre otros, de los Ayuntamientos es uno de los rasgos comunes a las Comunidades Autónomas con mejor desarrollo de los servicios sociales.
Para el caso concreto de Murcia, se recomienda: 1. La promulgación de una Ley de Servicios Sociales, que reconozca nuevos derechos subjetivos y que establezca la obligatoriedad de hacerlos efectivos en una cartera o catálogo. 2. Que se mantenga el esfuerzo presupuestario para compensar los principales déficit de infraestructura y la cobertura y cuantía de las rentas mínimas de inserción. 3. Incremento de la oferta de plazas residenciales y del sector de ayuda a domicilio, lo que contribuiría no sólo a mejorar la calidad de la prestación, sino que supondría también un impulso al empleo. 4. Dotación de plazas de residentes en centros de día y centros ocupacionales para personas con discapacidad. 5. Plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
Como se ve, la obsesión por la estabilidad presupuestaria -con el anuncio de más recortes derivados de la necesidad de que las autonomías reduzcan el déficit al 1,3 %, según ha anunciado Cristóbal Montoro- atenta muy duramente contra los derechos de las personas que más necesitan, precisamente en tiempos de crisis, atenciones por parte del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Y, como hemos podido comprobar, la situación en que se encuentra la Comunidad Autónoma de Murcia, en ese contexto, es especialmente sangrante. Hay que hacer todo lo posible por invertir completamente esta gravísima situación. Depende de todos nosotros.
